“Tratamos que esta herramienta estatal pueda conocerse y esté al servicio de la Comunidad”

Publicado el martes, 7 de julio del 2020 - 11:13 am. Por: yanina

 

Lo expresó Marisa Husser, trabajadora social de la Dirección de Asistencia Económica a menores víctimas de delitos sexuales, durante el recorrido por el interior de la pcia.

 

El equipo del área social de la Dirección provincial de Asistencia Económica a Menores Víctimas de Delitos Sexuales de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, a cargo de Myriam Duarte, recorrió las localidades de Puerto Rico, Leoni, Capioví, Garuhapé y Colonia San Miguel, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la Ley XIX – N.° 51, normativa que genera una pensión graciable a menores que fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual.

 

De este modo las profesionales del área social de este organismo no sólo realizaron el seguimiento de las pensiones ya otorgadas, sino que también llevaron adelante visitas domiciliarias con el objetivo de canalizar nuevas gestiones. En este sentido trabajan con diferentes instituciones estatales como direcciones sociales municipales, juzgados de paz, secretarías de acceso a la justicia, entre otros; con el objetivo de promocionar la pensión, detectar nuevos casos y direccionar las gestiones. “Tratamos de hacerle saber a todos los organismos que esta herramienta existe y que cuando toman contacto con algún caso en el que haya un menor que haya sido víctima de delitos contra la integridad sexual, puedan asesorarle y puedan hacer uso de este beneficio”, explicó Husser.

 

Una herramienta, muchas necesidades

Durante el recorrido y ante el contacto con numerosas familias el equipo del área social de la Dirección la Dirección provincial de Asistencia Económica a Menores Víctimas de Delitos Sexuales, a cargo de Andrea Mayol, advirtieron que se encontraron con muchas y diferentes tipos de necesidades.

En efecto resaltaron la importancia de la articulación institucional no sólo para canalizar las pensiones sino también para resolver necesidades relacionadas a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

“Afortunadamente tenemos libertad para trabajar, contamos con el apoyo de nuestra Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, para realizar las articulaciones necesarias con otros organismos y así encausar cuestiones de asistencia alimentaria, psicológica y educativa”, señaló la trabajadora social del área.

 La lic Husser junto a representantes de la  Secretaria de la Oficina de Acceso a Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar de la IV CJ Poder Judicial de Misiones, el trabajador social  Cristian Ríos y la psicóloga Raquel Peralta.

La lic Husser junto a representantes de la Secretaria de la Oficina de Acceso a Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar de la IV CJ Poder Judicial de Misiones, el trabajador social Cristian Ríos y la psicóloga Raquel Peralta.

 

La clave del seguimiento

Desde el área social resaltaron la importancia de los viajes y las actividades de seguimiento con el fin de detectar irregularidades y mal usos de los beneficios.

“Nos pasó que nos encontramos con beneficiarios ya no viven con sus tutores, niños y niñas que no tienen el calendario de vacunación completo, menores que no van a la escuela ni tampoco realizan terapia psicológica”, describió Husser.

Aunque desde la Dirección provincial señalaron que si bien son situaciones muy preocupantes entienden que muchas responden a situaciones de vulnerabilidad social, por ello siempre apelan al diálogo, a la solución del conflicto y dejan como última opción la quita del beneficio.